Soberanos para elegir qué avalar

Somos personas chilenas que fruto de nuestra experiencia, habiendo asumido el contexto jurídico que ofrece una elevada interpretación del derecho vigente -que reconoce la presencia de la naturaleza humana fundamental, espiritual, dotada de una soberanía consagrada, que nos faculta para ejercer el libre albedrío, poniendo límites a la soberanía del Estado a menos que se afecte el bien común (DUDH, CADH, CPR)- y en coherencia con el saber lúcido e inteligente que ofrece la integración del conocimiento científico con la sabiduría perenne, nos encontramos desarrollando proyectos de vida desde la convicción, al principio y siempre, que nuestra identidad fundamental es espiritual, intangible; realizamos nuestra existencia mientras cultivamos la presencia en los espacios de realidad espirituales, y así vivimos comprendiendo la pertinencia y trascendencia de promover la realización espiritual, la nuestra y la de todos y Todo, como vía coherente para cumplir con nuestros deberes esenciales, cómo los exigidos en el preámbulo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes al señalar que “es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos”, y conquistar así la mayor realización material y espiritual posible, que nos privilegie con la felicidad.

Esta es nuestra opción, nuestra forma de expresar la libertad de conciencia en pro de la integridad psíquica, y de vivir la democracia dentro de un Estado en Derecho, y contamos con realizaciones y jurisprudencia en el país que reivindica, afirma y materializa la legitimidad de nuestra opción (Ejercicio colectivo del Derecho de Petición 2013; SCS 4949-2015: Amparo preventivo colectivo CA Concepción-2017). El Estado sin embargo, nos está conminando a emitir una conducta, nos obliga a concurrir a votar el día 7 de mayo para participar del “Proceso Constituyente” en desarrollo, y emitir sufragio bajo amenaza de sanción pecuniaria de no hacerlo. Cabe señalar que la ley que obligaría a la ciudadanía para concurrir a votar, entrará en vigencia a partir de 2024 (Ley 21.524) y ha sido el “Acuerdo por Chile" el que estableció el imperativo de concurrir obligatoriamente a estas elecciones específicas (Ley 21.533); y que tan sólo 24 países de 193 en el mundo contemplan el voto obligatorio, de los cuales 15 cuentan con medidas efectivas de control. Esto para nosotros significa una grave e indebida intromisión en los espacios ciudadanos soberanos consagrados jurídicamente para toda persona chilena (CPR art. 1°, 5°, 19°), y se constituye en una manifestación arbitraria y totalitaria (fruto de la impotencia y la escasa habilitación de los responsables para responder ante demandas ciudadanas más sutiles como las evolutivas) que se cuela entre los intentos desesperados para legitimar un proceso constituyente que ha desnaturalizado la cualidad de la indispensable participación ciudadana. Tal pretensión perpetúa dinámicas sin Dignidad que no superan el Control de Convencionalidad, por carecer del debido respeto del Estado Chileno hacia la Ciudadanía, cuando excluyendo el acontecer espiritual, ignora la soberanía consagrada para ejercer el libre albedrío como principio esencial en una verdadera y efectiva convivencia cívica, democrática, organizada en un Estado de Derecho para seres fundamentales, Almas encarnadas habitando el planeta. Así, comprendemos nosotros, se sostiene el control social y se perpetúa la mediocridad, la enfermedad y la ignorancia, promoviendo como contexto un limitado desarrollo del nivel de consciencia personal y colectivo, no inclusivo, imponiendo patrones de interacción que a nuestro juicio están impregnados de la enfermedad primordial: la no inclusión de los espacios esenciales de la Vida en la consciencia cotidiana, defecto que atenta contra la necesidad de comprender la unidad como principio natural, constatable solo en consciencia de lo trascendente, espiritual. Así las cosas, el Estado está renegando de su razón de ser (art. 1° y art. 5° CPR) incumpliendo con una obligación indispensable para merecer la calificación de En Derecho, y todo esto es algo con lo que nos resulta imposible hacernos cómplices, porque justamente nuestra opción de vida busca en lo fundamental, dejar tales dinámicas disfuncionales atrás, ignorancia trascendida, y pasar a un recreado y digno nivel de participación y protagonismo en nuestras relaciones con la vida, con los otros, con Todo y con el Estado en este caso. Los antecedentes que son de público conocimiento, desnudan cómo los responsables políticos se han confabulado para procurar neutralizar las insoslayables expresiones sociales emancipadoras, que a nuestro entender surgen en el contexto más amplio de un proceso mayor, esencial, pleno y profundo, evolutivo, que clama por dignidad y justicia, que procura ajustes radicales en el nivel de consciencia colectivo, fuerzas que contribuyeron a abrir el proceso constituyente, que imperfectas, salvajes y todo procuran la recreación y dignificación del vínculo entre la Ciudadanía y el Estado, lo que entendemos implica, necesariamente, el reconocimiento de la jerarquía de la persona ciudadana, acorde a la recreación de la noción y estatus jurídico del ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás tratados internacionales, sintonizada en otra frecuencia lógica, donde las realidades espirituales son principio que impregna la cotidianeidad de los ciudadanos, antes de todas las distinciones posibles y pertinentes y Deber para los Estados. Con esta exigencia de ir a votar el próximo 7 de mayo, tal como se ha configurado y venido aplicando el nuevo proceso constituyente, nos sentimos amenazados, acorralados, violentados esencialmente, por forzados a renegar de nuestras creencias fundamentales, de lo que somos, de nuestra identidad natural espiritual, para cumplir con la obligación impuesta, dando con ello nuestra venia al proceso otorgándole legitimidad, lo que necesariamente implica avalar procedimientos donde el interés por lo esencial de la existencia, en forma y fondo, está siendo soslayado, lo cuál resulta contrario y violento a nuestras convicciones. Cumplir con esta exigencia de concurrir a votar obligatoriamente, implicaría aceptar una injustificable intromisión del Estado en nuestros espacios de soberanía y conciencia, para obligarnos a actuar en contra de nuestra voluntad, implicaría aceptar un sometimiento, abandonar, renunciar a nuestras convicciones para ir en contra de ellas y hacer todo lo contrario de lo que nos dicta nuestra conciencia. Respetamos la opción de participar en las dinámicas propuestas por los responsables políticos, de disentir o no en el marco de esta comprensión de la convivencia ciudadana, lo que a nuestro juicio resulta inconducente cuando la Dignidad, conquista evolutiva que hace consciencia cotidiana de lo intangible y fundamental, es el gran propósito. No obstante con la misma claridad y firmeza exigimos respeto para el ejercicio de nuestra soberanía, que se manifiesta en la opción de elegir cuándo participar y cuándo no, como expresión de nuestra libertad de consciencia, de creencia y pensamiento, que no pueden ser violentadas para que forzosamente avalemos un proceso con el que no consentimos, cómo ya se ha explicado, todavía más cuando, en lo principal, lejos de abandonar o descuidar compromisos cívicos, nuestro proyecto de vida implica, para nosotros, participar con responsabilidad en la vida social, procurando la realización de deberes esenciales al promover la actualización y realización espiritual, como fuente de salud, de justicia, de libertad y armonía; convicción que en definitiva nos impide respaldar este proceso con nuestra presencia y participación, lo que sería aceptar una intolerable e ilegítima intromisión indebida del Estado en nuestra Soberanía. Somos libres por naturaleza y pedimos la pertinente protección de los responsables del Estado para el ejercicio de superiores grados de libertad y coherencia en el marco de una correcta y esencializada aplicación del derecho vigente.